La pregunta, probablemente, que quede ante nuestros ojos es: ¿Vale la pena un mayor gasto por leyes más racionales? La respuesta, lector, debe formularla, bajo sus principios, valores y creencias, usted mismo. No es trabajo de este novel en el Derecho dar respuesta ni juicio ante ello. Lo que sí puedo decir es que la bicameralidad no es per se ni un acierto rotundo ni una condena desgarradora. Su regreso al ordenamiento jurídico peruano abre pórticos a la posibilidad de un control más equilibrado y de una deliberación más rigurosa de las leyes; no obstante, puede también generar una mayor lentitud legislativa y un ensanchamiento de la distancia entre representantes y representados. Lejos de la arquitectura que componga a nuestro Estado, probablemente, todo dependerá, en mayor medida, de la calidad ética y técnica de quienes, cargando en hombros las necesidades del pueblo, ocuparán un escaño en cualquiera de las cámaras. En nuestro Perú se suele ver al Derecho y la política con recelo o desdén; el pueblo, entonces, terminará seguramente enajenándose las más de las veces posibles de estas reformas. La bicameralidad, por tanto, será un acierto únicamente si logra acercar al ciudadano a las instituciones; de lo contrario, no pasará de ser una nueva forma de mediocridad estatal —lo habitual en la política peruana, cabe recalcar—.

         Véase menester, con la mirada en este horizonte, reconocer que únicamente un pueblo informado podrá fiscalizar de eficaz modo y justo grado el desempeño de la futura Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; ergo es imperativo recomendar un esfuerzo sostenido de divulgación ciudadana sobre las implicancias de la Ley N.º 31988 (2024). Del mismo modo, sugiérase a la academia —siendo que esta, a juicio de este estudiante, encarna crema y nata de la observación sobre la sobredicha materia— y al cúmulo de profesionales de ámbito jurídico, es su total extensión, promover espacios de debate asiduo sobre aquello técnicamente riguroso en la producción legislativa bajo este nuevo diseño bicameral, asegurando, en definitiva, que la duplicidad de cámaras responda a un prudente filtro deliberativo, y no a lo de antaño: un estéril entrampamiento que, a la postre de burdos orgullos e intereses políticos inenarrables, pisoteaba el bienestar del más fundamental elemento de un Estado, el pueblo.